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El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo ante la Corte Suprema el reclamo para que revise qué tribunal debe llevar la investigación por presunto lavado de dinero vinculada con una mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino. En un dictamen firmado el 30 de octubre, respaldó la queja del fiscal de Cámara Mario Villar contra la decisión que asignó el expediente al juzgado federal de Campana.
La disputa se produjo después de que la Cámara Federal de Casación Penal aceptara un planteo de las defensas y resolviera que la causa continuara en Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La presentación del fiscal para que la Corte interviniera fue rechazada por Casación, por lo que llegó al máximo tribunal mediante una queja. Casal consideró que, aunque las decisiones sobre competencia suelen discutirse al final del proceso, en este caso había motivos excepcionales para que la Corte examinara lo ocurrido.
El procurador argumentó que la mera ubicación de la propiedad en Pilar no determina qué jurisdicción debe investigar el presunto lavado. Según su dictamen, el expediente comenzó en la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires y la fiscalía señaló que allí se habría producido la mayor cantidad de actos relevantes. También objetó que Casación dejara sin respuesta ese planteo territorial, que consideró central para resolver cuál es el juez competente y resguardar la garantía del juez natural.
La investigación busca establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble, cuyo valor fue estimado en 17 millones de dólares en la información publicada. En la causa figuran como titulares Pantano y Ana Lucía Conte, y se indaga si la propiedad habría sido adquirida con dinero ilícito. No se trata de una determinación de culpabilidad: el expediente continúa bajo investigación. La Corte debe resolver ahora si revisa la decisión que dejó el caso en manos del juzgado de Campana.
